La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfrenta una “captura militar y política”, al cuestionar la recomendación emitida recientemente por el organismo sobre el caso Ayotzinapa, mientras que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que el documento confirma la pérdida de autonomía y capacidad de contrapeso de la institución frente a las Fuerzas Armadas.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Ballesteros sostuvo que la gestión de Rosario Piedra Ibarra ha estado marcada por cuestionamientos desde su llegada al organismo y aseguró que la recomendación sobre la desaparición de los 43 normalistas refleja esa situación.
“Estamos ante una captura militar y política de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, señaló la legisladora, quien recordó que organizaciones civiles, víctimas y organismos internacionales han señalado durante años la actuación de la actual administración de la CNDH.
La diputada afirmó que la titular de la comisión “le lava la cara al Ejército” y señaló que el documento también beneficia a la administración encabezada por Enrique Peña Nieto al modificar el enfoque que se había construido durante años de investigación sobre el caso Ayotzinapa.
Ballesteros indicó que desde hace 83 días se promueven juicios políticos contra la ombudsperson y aseguró que existen seis procedimientos respaldados por alrededor de 150 familiares de personas desaparecidas agrupados en diversos colectivos.
“La gota que derrama el vaso”
Según explicó, la recomendación 208VG/2026 representa “la gota que derrama el vaso” y está orientada a negar la participación del Estado mexicano en los crímenes de desaparición. “Está construida para negar de manera determinante lo que ya venía el gobierno mexicano (…) es negar la aquiesencia del Estado mexicano en la participación de los crímenes de desapariciones en nuestro país”, afirmó.
La legisladora consideró además que el documento surge en un momento determinante para diversos procesos relacionados con la justicia militar e insistió en la necesidad de que deje el cargo la titular de la CNDH. “Se tiene que ir Rosario [Piedra], no es una cosa menor lo que ha pasado y se suma a la lista de complicidades con el Estado”, expresó.
Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Prodh, señaló que se trata de la segunda recomendación emitida por la actual administración de la CNDH sobre Ayotzinapa y sostuvo que el documento exonera al Ejército de responsabilidades que habían sido objeto de investigaciones previas.
Apuntó que la recomendación retoma información proporcionada por las propias Fuerzas Armadas para descartar su participación en el monitoreo de los hechos o posibles vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Asimismo, afirmó que deja de lado información previamente documentada sobre actividades de inteligencia militar relacionadas con el caso.
La directora del Centro Prodh señaló que, además de eximir al Ejército, el documento cuestiona el trabajo desarrollado durante años por distintos actores involucrados en el esclarecimiento de los hechos, entre ellos el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, investigadores y organizaciones de derechos humanos.
Aguilar destacó particularmente un apartado en el que la CNDH aborda el papel de las organizaciones civiles y plantea una supuesta injerencia extranjera. “Replica exactamente todo el discurso que escuchamos durante el final del sexenio en ataques frontales a las organizaciones”, afirmó sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La defensora consideró que este tipo de señalamientos resultan preocupantes porque, dijo, en distintos países los ataques contra organizaciones de la sociedad civil han coincidido con procesos de debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Respecto al papel institucional de la comisión, Aguilar sostuvo que la recomendación constituye una nueva muestra de la pérdida de autonomía del organismo. “Hemos perdido un contrapeso más”, afirmó, al señalar que la CNDH debería fungir como garante de los derechos de las víctimas frente a las instituciones del Estado.
Añadió que la recomendación dirige la responsabilidad principalmente a autoridades locales y retoma la tesis de que la colusión existente en Guerrero se limitaba a ese ámbito, mientras deja de lado señalamientos hacia la Secretaría de la Defensa Nacional.
Recordó que la organización ha documentado durante los últimos siete años una disminución progresiva en la capacidad de la CNDH para actuar como contrapeso institucional, tanto en la promoción de acciones de inconstitucionalidad como en la emisión de recomendaciones.
“Esta recomendación termina por concretar cuáles eran los temores de todas las personas que en esos momentos indicábamos que la CNDH había perdido la posibilidad de ser un verdadero contrapeso”, concluyó.
