La extorsión parece ser la norma en algunos municipios del país. Así como ocurrió en febrero pasado en Tequila, Jalisco, donde su presidente municipal pedía ilegalmente dinero a las empresas tequileras allí asentadas, ahora aparece una polémica similar en el ayuntamiento de Guamúchil, Sinaloa, donde las afectadas son las empresas de telecomunicaciones.
Se trata del municipio de Salvador Escobedo, encabezado por la morenista Guadalupe López González, quien busca imponer ilegalmente multas por 1,500 millones de pesos a Telmex, Megacable y Totalplay, por cableado instalado sobre infraestructura de la CFE.
En este esquema, el ayuntamiento se sirve de un supuesto “intermediario”, Pedro Molineros Urías, quien “negocia” ofreciendo a las cableras “reducciones” de entre 60 y 70% sobre las supuestas sanciones, en un modelo de extorsión propio del crimen organizado: “crear” el problema para después “vender” la solución. Para profundizar en el modelo delictivo, el Ayuntamiento ha llegado al extremo de cortar cables dejando sin servicio a su población, lo que constituye un claro y muy grave delito federal.
Al difundirse el caso a nivel nacional, y en un acto evidente de cinismo y engaño, funcionarios de ese municipio han respondido señalando que ellos pueden autorizar y sancionar instalaciones de telecomunicaciones. Lo que no dicen es que un reglamento municipal no otorga facultades que la Constitución reserva a la Federación: el Ayuntamiento invade facultades federales al sancionar un tendido de telecomunicaciones que no requiere permisos municipales.
Las “multas” evidencian el esquema de presión: mientras el Reglamento de Construcción prevé sanciones cercanas a 60 mil pesos por obras sin autorización, el municipio pretende cobrar más de 410 mil pesos por cada “coordenada” de cableado y luego ofrece “condonaciones”, configurando el mecanismo de extorsión institucional.
El caso combina graves irregularidades procesales: verificaciones sin participación de las empresas, notificaciones deficientes, falta de audiencia, obstáculos probatorios, que junto con la dolosa interrupción del servicio de telecomunicaciones, generan evidentes responsabilidades de carácter federal.
La gravedad de este caso ya llegó incluso al Poder Legislativo federal, donde el diputado Mario Zamora presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que la Federación revise la legalidad de las acciones municipales y proteger la infraestructura estratégica.
El litigio terminará definiéndose en tribunales federales, donde existen criterios consolidados sobre los límites a la competencia municipal en telecomunicaciones. Si esos precedentes prevalecen, lo ocurrido en Sinaloa es una evidencia clara del intento por utilizar el aparato público con fines oscuros. El efecto Tequila, con toda claridad.
Pero el fondo de la historia no es el cableado ni los permisos: es el uso del poder municipal para construir un mecanismo de cobro sobre facultades que simplemente no existen, bajo un modelo de extorsión tal cual y como lo que hace el crimen organizado. Es escandaloso, pero no extraño: es la Sinaloa de Rocha Moya.
