Concejal de Benito Juárez denuncia presunta ‘mafia del despojo’ e irregularidades inmobiliarias en CDMX

Hugo Torres Zumaya, concejal de Morena en Benito Juárez, aseguró que en la Ciudad de México opera una presunta red dedicada al despojo de inmuebles, fraude procesal, venta irregular de viviendas y desarrollos inmobiliarios fuera de norma, bautizado como “la mafia del despojo”.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, sostuvo que en la capital del país existe “un sinnúmero de despojos de inmuebles” y afirmó que, particularmente en Benito Juárez, el problema no se limita al que se ha dado en llamar “cártel inmobiliario”, sino que tendría un origen previo.

Añadió que la denominación de “la mafia del despojo” fue construida junto con una red vecinal integrada por ciudadanos, víctimas y profesionistas que comenzaron a documentar casos relacionados con la pérdida de patrimonio.

Torres Zumaya explicó que este grupo ciudadano está conformado por más de 20 personas entre representantes vecinales, abogados pro bono, vecinos y colaboradores que revisan expedientes y denuncias. Según dijo, el trabajo tomó mayor relevancia el 5 de agosto del año pasado, cuando recibieron un reporte de un desalojo violento en la colonia Narvarte.

Relató que dicho operativo ocurrió de madrugada y que, al revisar lo sucedido, detectaron situaciones que calificó como anómalas. Entre ellas mencionó la presencia de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que, según dijo, no estaban adscritos a Benito Juárez y provenían de otras alcaldías.

También señaló la presencia de elementos de la Fiscalía capitalina, cuya participación dijo no comprender. “Es una situación muy complicada porque no solamente despojan a la gente, la lesionan, aprovechan que son personas en vulnerabilidad y la roban de lo poco que tienen”, sostuvo.

Posteriormente, dijo, detectaron otro caso con características semejantes en la calle Antillas, colonia Portales, donde también resultaron afectadas personas adultas mayores. Explicó que al comparar ambos expedientes observaron un patrón repetido.

Aseguró que estos hechos irían acompañados de fraude procesal y de actuaciones irregulares dentro de la Fiscalía desconcentrada de Benito Juárez.

El concejal criticó que personas afectadas enfrenten obstáculos para denunciar “y que exista al día de hoy Policía de Investigación que, como se ha dicho públicamente, solicite prebenda, recurso, dinero”, expresó en alusión al reciente caso del feminicidio de Edith Guadalupe, cuyos familiares denunciaron que se les pidió dinero para agilizar las investigaciones.

Respecto del tema de los despojos, añadió que no se trataría de hechos aislados, pues afirmó que han recibido entre 20 y 30 casos similares, lo que, en su opinión, apunta a “una manera sistemática de operar” y a una posible red de complicidad.

Uno de los casos que presentó como emblemático es el de una mujer identificada como Lupita, residente en la calle Manuel Acuña, en la colonia Moderna. Torres Zumaya la describió como una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad, con discapacidad auditiva, desprendimiento de retina y otros padecimientos médicos.

Según su versión, el caso se originó mediante otro presunto fraude procesal en el que se denunció a personas fallecidas bajo el argumento de una deuda inexistente.

“Denuncia una tercera persona, que a través de otra persona física, hablan de una supuesta deuda. Eso no existió, eso ya consta en las carpetas”, afirmó. Añadió que la mujer no ha podido costear una defensa adecuada y que tampoco encontró apoyo suficiente en la defensoría pública.

El concejal aseguró que Lupita enfrenta actualmente una carpeta judicializada por despojo y que debe presentarse periódicamente a firmar medidas cautelares. “La señora Lupita la tienen firmando cada siete días con la retina, en una fila con personas que están por procesos de distintos delitos”, dijo. También señaló que cada viernes acude en Metro a la calle Claudio Bernard para cumplir con esa obligación.

Agregó que se tiene una audiencia programada para el próximo viernes a las 10:00 horas, en la que, según indicó, se solicitaría la restitución del inmueble y su eventual traslado al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Torres Zumaya explicó que el conflicto deriva de una actuación judicial que incorporó indebidamente el espacio donde habita la mujer dentro de un inmueble mayor colindante. La propia mujer sostiene haber vivido allí toda su vida. También señaló que en el litigio está involucrado un familiar de la mujer.

El concejal afirmó que antes de que el caso de Lupita avanzara judicialmente, el inmueble ya era ofrecido en redes sociales como desarrollo habitacional. “Antes de que ella ya estuviera siendo vulnerada, ya estaba en venta su inmueble, ya estaban en venta supuestos departamentos”, denunció.

Indicó que detectaron anuncios en grupos de Facebook donde se promovían preventas supuestamente vinculadas al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Durante una intervención en el programa, el titular de la Secretaría de la Vivienda, Inti Muñoz, rechazó que el INVI forme parte de esas redes y anunció que este miércoles será presentada una iniciativa de reformas constitucionales en materia de rentas justas, vivienda asequible y combate a desalojos ilegales.

Torres Zumaya aseguró que detectaron otra modalidad en la que personas son invitadas a invertir en inmuebles mediante promesas de rendimientos económicos. “A través de redes sociales, le dicen a la gente: invierte en tal inmueble”, relató. Señaló que incluso hay personas “desde Tijuana hasta Cancún” que entregan recursos creyendo que recibirán ganancias.

El problema, sostuvo, es que algunos de esos inmuebles provendrían de desalojos o carecerían de la documentación necesaria para desarrollar proyectos.

El concejal vinculó estos hechos con presuntas irregularidades urbanísticas y afirmó que varios inmuebles son promocionados con más niveles de los permitidos. “Resulta que nada más están autorizados cuatro pisos, pero se supone que ahí van a construir nueve pisos”, dijo al referirse a uno de los casos investigados.

Como ejemplo, mencionó una desarrolladora que opera en Benito Juárez y Cuauhtémoc. Indicó que en Río Guadalquivir 37 se anuncian nueve niveles cuando supuestamente solo habría permiso para cuatro. “¿Quién dio los permisos?”, cuestionó.

Asimismo, mencionó otros domicilios donde, dijo, existen irregularidades: Rumania 1218, Vértiz 1304, Niños Héroes 168 y Amores 334. En conjunto, sostuvo, representarían alrededor de 20 pisos de más.

Otro expediente corresponde a un inmueble en prolongación Xochicalco, cercano a la alcaldía Benito Juárez. Señaló que el predio presenta afectaciones desde el sismo de 2017 y estaría clasificado en “rojo colapso”. Añadió que unas 60 familias podrían estar en riesgo si no se revisa la situación estructural.

También sostuvo que el despacho jurídico que busca adjudicarse el inmueble está vinculado con Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Porque él pertenece al despacho de abogados que están litigando ese inmueble”, declaró. Según dijo, el propietario sería un adulto mayor con cáncer y en situación de vulnerabilidad.

Torres Zumaya afirmó que la red vecinal ha identificado más de 35 casos con características semejantes en distintas alcaldías. “Entre la alcaldía Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, sin duda tenemos más 35 casos”, aseguró.

Explicó que en estos asuntos se utilizan figuras jurídicas como dación en pago, pagarés y actos notariales, incluso con participación de notarías de otros estados. “Simulan actos jurídicos, y en el momento en que lo presentan ante un ministerio público (…) acepta la carpeta y les da la razón”, sostuvo.

Pidió la intervención directa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como de las áreas de Vivienda y de Seguridad de las Construcciones. “La fiscal de la Ciudad de México”, Bertha Alcalde Luján, debe recibir estos casos, dijo, y revisar lo que ocurre en la fiscalía desconcentrada de Benito Juárez.

Añadió que el esquema denunciado no sería exclusivo de la capital, pues, según afirmó, “se ha visto en Estado de México, se ha visto en Nuevo León, se ha visto en Chihuahua”, por lo que consideró que se trata de un modelo replicado en diversas entidades del país.