CIUDAD DE MÉXICO. – El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que no se iniciará una investigación de oficio derivada de los señalamientos realizados por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia, en su reciente libro titulado Ni venganza ni perdón.
Denuncias formales sobre narrativas editoriales
Durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, aclaró los criterios bajo los cuales la dependencia a su cargo inicia procesos indagatorios. La funcionaria enfatizó que la institución requiere de sustento documental y no solo de relatos para proceder legalmente.
“Que presente las denuncias, porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación; no tiene elementos”, puntualizó Buenrostro ante los cuestionamientos de los medios de comunicación.
Los requisitos para una indagatoria oficial
La secretaria explicó que, para que el Gobierno actúe, es indispensable contar con información que permita trazar una ruta de investigación clara. Entre los elementos necesarios mencionó:
- Datos concretos: Nombres de involucrados y ubicaciones específicas.
- Respaldo documental: Archivos u oficios que sustenten los dichos.
- Denuncia formal: El acto de presentar las pruebas ante la autoridad correspondiente.
Buenrostro señaló que, si bien la autoridad tiene la facultad de actuar de oficio cuando la información es relevante y verificable, resulta inviable iniciar un proceso basado únicamente en declaraciones sin respaldo, debido a la falta de un punto de partida técnico.
Respaldo desde la Presidencia
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta postura, recordando que cualquier ciudadano que posea pruebas de actos irregulares tiene la libertad y responsabilidad de acudir a las instancias legales. La mandataria ya había expresado previamente su rechazo a abrir una investigación contra Scherer Ibarra basándose solo en el contenido de su obra, subrayando que la justicia se imparte en los tribunales y no a través de la narrativa literaria.
Con esta resolución, el Ejecutivo Federal marca una distancia entre el debate público generado por la publicación y las facultades de fiscalización del Estado.
