“El Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”: Sheinbaum sobre la situación jurídica de Javier Duarte
CIUDAD DE MÉXICO. – En el marco de su conferencia matutina de este 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura respecto a la reciente resolución judicial que dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto delito de peculado.
Respeto a la autonomía judicial
La mandataria fue enfática al señalar que el Poder Ejecutivo se mantiene al margen de las decisiones que competen estrictamente a los tribunales y a las fiscalías. Subrayó que la responsabilidad de determinar la situación legal del exmandatario recae en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Poder Judicial de la Federación.
“El Poder Judicial tendrá que tomar su decisión. Nosotros no intervenimos en las determinaciones de los jueces ni en el desarrollo de los procesos penales”, puntualizó la presidenta, reafirmando la independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Crítica al manejo de recursos en salud
A pesar de su postura institucional de no intervención, Sheinbaum compartió una reflexión personal sobre el fondo de las acusaciones, calificando los hechos señalados como un fraude y un delito. En este sentido, puso bajo la lupa los mecanismos financieros que operaban en sexenios anteriores, citando específicamente el caso del extinto Seguro Popular.
De acuerdo con la presidenta, dicho esquema presentaba vulnerabilidades que permitían el uso discrecional de fondos federales:
- Falta de transparencia: Los estados recibían recursos que debían destinarse a la salud.
- Impacto social: En casos como el de Veracruz, señaló que estos fondos presuntamente no se tradujeron en servicios médicos ni en el suministro de medicamentos para la población.
- Desvío de fines: La mandataria lamentó que el dinero público hubiera sido utilizado para objetivos ajenos al bienestar social.
Con estas declaraciones, el Gobierno Federal marca una línea de respeto al proceso penal que enfrenta Duarte de Ochoa por el presunto desvío de recursos públicos, mientras mantiene un discurso crítico hacia las estructuras administrativas del pasado que facilitaron actos de corrupción.
