CIUDAD DE MÉXICO. – El Gobierno Federal oficializó este martes, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la expropiación de más de 51 mil metros cuadrados de terrenos privados. Esta medida tiene como objetivo garantizar la continuidad y expansión de los tramos 1 al 6 del proyecto ferroviario en el sureste del país.
Alcance del decreto
La superficie total afectada asciende a 51,187.83 metros cuadrados , distribuidos en 21 inmuebles particulares localizados en municipios estratégicos de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo . Según el documento oficial:
- Administración: Los predios pasan a favor de la Federación bajo la gestión de la empresa Tren Maya, SA de CV
- Indemnizaciones: El gobierno federal será el encargado de gestionar los pagos correspondientes a los propietarios afectados conforme a la ley.
- Ocupación: La SEDATU queda facultad para la ocupación inmediata de las áreas para no interrumpir el flujo de las obras.
Visión social y estratégica
El decreto justifica la acción destacando que el Tren Maya no es solo una obra de transporte, sino un eje de desarrollo para la Península de Yucatán. Además de fomentar el turismo y la economía regional, se plantea como un corredor humanitario para agilizar la entrega de suministros médicos y alimentarios a comunidades marginadas, fortaleciendo además la seguridad en las zonas fronterizas.
El compromiso con el entorno natural
Ante las preocupaciones por el impacto en el ecosistema, el gobierno federal ha subrayado la implementación de medidas correctivas. Durante 2025, la secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena , informó que se trabaja en la compensación de daños en cenotes y selvas mediante:
- La creación de nuevas áreas naturales protegidas.
- Programas de reforestación cuantificados para mitigar la huella de la obra.
- Restricciones a nuevas carreteras en zonas selváticas de difícil acceso.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que toda obra pública debe estar respaldada por manifestaciones de impacto ambiental que incluyan acciones concretas para prevenir y reducir las afectaciones al patrimonio natural de México.
