Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana
El gobierno del presidente Javier Milei declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Argentina. La medida, con efectos dentro del marco jurídico argentino, abre la puerta a restricciones financieras y a la cooperación con otras naciones.
El gobierno del presidente Javier Milei declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana. La decisión se formalizó mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial de Argentina este jueves 22 de octubre de 2026, como parte de las medidas de la administración argentina para enfrentar las actividades criminales transnacionales.
La disposición también incluye a organizaciones de Colombia y Ecuador, entre ellas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones.
La inclusión en el registro argentino puede dar lugar a medidas financieras y restricciones operativas previstas en la legislación de ese país, además de facilitar acciones de cooperación e intercambio de información con otras naciones.
El objetivo de este mecanismo es fortalecer las herramientas de las autoridades argentinas para prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de organizaciones criminales con presencia transnacional.
La clasificación corresponde al gobierno de Argentina y tiene efectos dentro de su marco jurídico. No implica, por sí misma, que México haya declarado terroristas a los dos grupos.
El gobierno argentino señaló al Cártel de Sinaloa como una organización criminal mexicana vinculada principalmente con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
En tanto que a la Nueva Familia Michoacana, la ubicó como grupo delincuencial que opera principalmente en regiones de México y que ha sido relacionada con delitos como narcotráfico, extorsión y violencia criminal.
La decisión del gobierno de Milei coloca a ambas organizaciones dentro del esquema argentino de identificación y control de entidades consideradas vinculadas con actividades terroristas o su financiamiento.
En la práctica, la declaratoria permite a las autoridades argentinas congelar activos, bloquear operaciones financieras y compartir inteligencia con otros países sobre las redes de estos grupos.
El anuncio llega en un momento de endurecimiento de la política de seguridad argentina frente al crimen organizado. La administración Milei ha insistido en tratar a las organizaciones criminales transnacionales con las herramientas más duras del Estado.
La resolución publicada este jueves detalla los criterios para la inclusión de las organizaciones en el registro argentino. Entre ellos están la estructura transnacional de los grupos, el uso sistemático de la violencia y su participación en redes de financiamiento ilícito que cruzan fronteras.
Falta ver el alcance real de la medida: qué activos se identifican en territorio argentino, qué cooperación concreta se activa con otros países y si la declaratoria se traduce en operativos o se queda en el papel del Boletín Oficial.
