El Juzgado Octavo de Distrito en Tuxpan admitió el amparo 505/2026 y concedió la suspensión provisional a favor de entre 2,000 y 2,200 pescadores de Tamiahua afectados por el derrame de crudo de Pemex en el Golfo de México. La resolución obliga a Pemex, Semarnat, Profepa, ASEA, la Marina y al Gobierno del Estado a contener, limpiar y monitorear la zona. La audiencia constitucional, donde se decidirá el fondo del caso, está fijada para el 21 de octubre a las 10:03.
Dos mil pescadores le ganaron la primera batalla legal a Petróleos Mexicanos.
El Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tuxpan emitió el 21 de septiembre el acuerdo que admite a trámite el juicio de amparo 505/2026, promovido por cooperativas pesqueras de Tamiahua con el respaldo jurídico de Movimiento Ciudadano. La suspensión provisional ya está en vigor: ordena labores de contención, limpieza y monitoreo, la recolección urgente de hidrocarburo en playas, barras, esteros y zonas de pesca, e inspecciones técnicas al agua, los sedimentos y la fauna. También obliga a la Conapesca a censar a los pescadores afectados para que el programa federal Bienpesca llegue a quienes corresponde.
El amparo va dirigido contra seis autoridades: Pemex, la Semarnat, la Profepa, la ASEA, la Secretaría de Marina y el Gobierno del Estado. Lo que reclaman los pescadores es la omisión. Según la demanda, ninguna autoridad instaló los órganos especializados para investigar el derrame, determinar responsabilidades ni aplicar sanciones.
El derrame empezó en febrero. La fuga se originó en un oleoducto de 36 pulgadas en el lecho marino, en la zona de Abkatún-Cantarell, en la Sonda de Campeche. Pemex lo supo desde el 6 de febrero, cuando pidió al CICESE simular la dispersión del crudo. La válvula principal se cerró hasta el 14 de febrero, ocho días después.
Durante semanas, la versión oficial fue otra. Las autoridades descartaron que el origen estuviera en infraestructura de Pemex y lo atribuyeron a causas externas: embarcaciones, emanaciones naturales. Los análisis satelitales y los reportes técnicos terminaron por confirmar la fuga en instalaciones petroleras.
El 16 de abril, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, admitió en conferencia de prensa que el derrame se originó en el ducto de Cantarell. Reconoció fallas en los protocolos internos y retrasos en la notificación. Ese mismo día separó de sus cargos a tres funcionarios: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder operativo del área de residuos.
La magnitud sigue sin una cifra cerrada. La Red Corredor Arrecifal reportó 933 kilómetros de litoral afectado en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas al 31 de marzo, con 96 sitios con residuos y más de 50 sin atención. Greenpeace habla de más de 1,100 kilómetros. Son mediciones de distintas fechas. Lo que ninguna fuente oficial ha transparentado es el volumen de crudo derramado. Más de 20 organizaciones lo exigen públicamente y Pemex no ha dado la cifra.
La fauna afectada incluye tortugas, manatíes, delfines y aves, según lo documentado por las organizaciones y retomado por los medios.
En el terreno judicial, la ASEA presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República con base en el artículo 414 del Código Penal Federal, que castiga el daño ambiental con uno a nueve años de prisión. Un juez federal ordenó en abril a la Profepa frenar y remediar de inmediato los daños en Veracruz y Tabasco y presentar un plan de contención, limpieza y restauración. Greenpeace presentó dos denuncias: una popular ante la ASEA el 4 de mayo y otra por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex el 27 de mayo, por ocultamiento de información.
La versión de Pemex también está sobre la mesa. La empresa afirma que concluyó el dragado del lecho marino y avanzó en la colocación de un sello de envolvente metálica sobre la sección dañada del ducto. El 16 de abril desplegó, junto con la Marina, un operativo de más de 3,000 personas con 25 embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, drones y 5,100 metros de barreras de contención. El gobierno federal reporta más de 700 toneladas recolectadas al corte de marzo, 39 playas atendidas y más de 480 kilómetros de costa limpiada. Por instrucción presidencial se creó el Observatorio Permanente del Golfo de México para monitoreo y alertas tempranas.
Hasta la propia titular de la Semarnat reconoció que los 55 millones de pesos canalizados por el gobierno federal son insuficientes frente a las pérdidas pesqueras.
En Tamiahua, la pesca es la vida. La Cooperativa Tamiahua tiene 672 socios y la Cooperativa Pescadores de Tamiahua, 343. Prácticamente el 100 por ciento de la población vive de la laguna: ostión, camarón, robalo, mojarra, trucha y chucumite. El pescador Pablo Ernesto Zamora Sánchez declaró que la producción de la laguna cayó alrededor de 60 por ciento en años, de 10 kilos por jornada a unos 4, aunque lo atribuyó a un declive de años y no solo al derrame. Dijo también que no vio mortandad de especies, pero que la contaminación podía moverse con las mareas.
Hay un matiz que no se puede omitir. En abril, pescadores de Tamiahua y Tuxpan declararon que el derrame no afectó la pesca ni el consumo en sus municipios porque se contuvo con barreras en la barra de Corazones. Esa versión convive con la del amparo, que reclama afectaciones económicas. Ambas constan en el expediente público del caso.
Lo que sigue tiene fecha y hora. El 21 de octubre a las 10:03, el Juzgado Octavo de Distrito celebrará la audiencia constitucional del amparo 505/2026 y evaluará el fondo del asunto. Las autoridades señaladas debían rendir sus informes justificados a mediados de octubre; su contenido no es público. Tampoco hay, hasta hoy, una cuantificación en pesos del daño pesquero ni información pública sobre sanciones económicas impuestas a Pemex por este derrame. Eso es lo que falta por saberse.
