La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen, que contempla aumentos en cuotas por servicios del gobierno federal: permisos, visas para extranjeros, servicios sanitarios y navegación aérea. Los nuevos cobros entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.
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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos 2027. El documento contempla aumentos en diversas cuotas por servicios del gobierno federal: permisos, visas para extranjeros, servicios sanitarios y tarifas relacionadas con la navegación aérea. Los nuevos cobros entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.
La propuesta también incluye modificaciones a los derechos que pagan las empresas ferroviarias y las aerolíneas por el uso del espacio aéreo mexicano. En contraste, plantea reducciones y exenciones para concesionarias del espectro radioeléctrico, principalmente en materia de telecomunicaciones.
Tras la aprobación, la comisión decretó un receso de al menos una hora. La razón: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún no había presentado las reservas que propondrá para este dictamen y para las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR) y de Ingresos de la Federación para 2027.
De acuerdo con legisladores de Morena, una reunión prevista con funcionarios de Hacienda para las 10:00 horas de este lunes se aplazó para las 13:00 horas. El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, informó posteriormente sobre el receso. La intención de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva es discutir las reservas en comisión para reducir el tiempo de debate durante la sesión del pleno, en la que comenzará la discusión de los tres dictámenes.
Durante la discusión, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra del dictamen. Cuestionaron los incrementos en las cuotas por permisos, visas, autorizaciones sanitarias y ambientales, así como por servicios relacionados con la navegación aérea.
El diputado de Morena Luis Humberto Fernández respondió a las críticas al señalar: “No es voracidad recaudatoria, es justicia fiscal”.
Movimiento Ciudadano pidió al gobierno federal justificar los incrementos con información que demuestre un aumento en los costos de operación de los servicios. El diputado priista Christian Castro Bello sostuvo que el aumento en los costos de permisos y autorizaciones puede repercutir en las empresas que producen, transportan y distribuyen bienes y servicios, con posibles efectos en los precios al consumidor.
Como ejemplo, Castro Bello mencionó un incremento de 41.42 por ciento en el servicio de toma de muestras y liberación de productos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de aumentos de 10 por ciento en diversas cuotas de navegación aérea.
El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez afirmó que los cambios propuestos no representan únicamente actualizaciones de tarifas. Aseguró que algunas cuotas registrarían aumentos de entre 100 y mil por ciento.
Entre los ejemplos que expuso, Téllez mencionó la licencia sanitaria para servicios de transfusión: pasaría de mil 482 a 17 mil 439 pesos, un incremento superior a mil por ciento, según el legislador. La autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos aumentaría de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos, equivalente a más de 427 por ciento. Y las licencias para establecimientos que utilizan fuentes de radiación para diagnósticos médicos registrarían un aumento que, de acuerdo con el diputado, prácticamente duplicaría su costo.
Téllez advirtió que los mayores costos para empresas y prestadores de servicios podrían trasladarse a los consumidores finales.
En respuesta a los señalamientos de la oposición, la diputada de Morena Claudia Rivera Vivanco explicó que los beneficios previstos para las concesionarias de telefonía y telecomunicaciones buscan incentivar la inversión privada en infraestructura. Según su exposición, la propuesta contempla una reducción de 12 por ciento en el pago de derechos para determinadas bandas del espectro radioeléctrico, así como exenciones de hasta 100 por ciento en zonas prioritarias o de cobertura carretera, conforme a los supuestos establecidos en el dictamen.
La legisladora argumentó que estas medidas buscan facilitar las inversiones para comprobar la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo y ampliar la cobertura de redes de quinta generación (5G).
“Estos, compañeros, no son privilegios, son incentivos directos a la inversión privada en redes 5G para que la conectividad llegue a las comunidades más alejadas y sobre todo históricamente olvidadas”, afirmó.
La propuesta de Ley Federal de Derechos 2027 continuará su proceso legislativo junto con los dictámenes correspondientes a la Ley del ISR y la Ley de Ingresos de la Federación.
