Con 96 votos a favor, el Senado avaló reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para multar de 56 mil a más de 2.3 millones de pesos a empresas que insistan con llamadas comerciales no autorizadas.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que endurece las sanciones contra empresas que realicen llamadas comerciales o publicitarias de manera reiterada y sin autorización de los consumidores.
El dictamen modifica y adiciona los artículos 18 Bis y 127 de la legislación. Las multas van de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para quienes incurran en estas prácticas.
La reforma fue avalada en lo general y en lo particular, sin reservas, con 96 votos a favor. Ahora será enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
La iniciativa la presentó la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez Simón el 21 de octubre de 2025. Plantea reforzar la protección de los consumidores que hayan manifestado expresamente que no desean recibir comunicaciones comerciales.
El salto en las sanciones es el corazón de la reforma. Durante la discusión del dictamen se recordó que la multa contemplada actualmente ronda los 760 pesos. La propuesta multiplica esa cifra hasta volverla disuasiva.
La propuesta establece que los proveedores que utilicen información de los consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios no podrán realizar llamadas telefónicas u otras comunicaciones no autorizadas de manera reiterada y persistente.
Además, las empresas mantendrán responsabilidad cuando contraten a terceros para realizar las llamadas. Recurrir a otra compañía para contactar a los consumidores no eliminará las obligaciones relacionadas con el manejo de sus datos.
La senadora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura destacó durante el debate el incremento de las sanciones. Señaló que la medida busca atender los casos en que las empresas continúan ofreciendo mercancías, productos, servicios o tarjetas de crédito pese a que el consumidor ya manifestó que no está interesado.
El fenómeno que la reforma ataca es cotidiano: llamadas a deshoras para vender tarjetas, cambiar de compañía telefónica o contratar seguros, muchas veces después de que el usuario pidió que no lo volvieran a contactar.
La clave jurídica está en la manifestación expresa del consumidor. La protección reforzada aplica para quienes ya dijeron que no quieren recibir comunicaciones comerciales; la insistencia después de esa negativa es lo que se sanciona.
Lo que sigue: la minuta pasa a la Cámara de Diputados. Si los diputados la aprueban sin cambios, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Falta también que la Profeco defina los mecanismos para denunciar y acreditar las llamadas reiteradas.
