La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) comprometió las aportaciones futuras de sus alumnos como garantía para pagar una deuda de 42 millones 710 mil pesos. Así lo reveló la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, que destapó un esquema en el que el dinero de los estudiantes pasó por las manos de una asociación civil sin dejar rastro en la contabilidad oficial de la universidad.
La operación quedó establecida en un adendum firmado en enero de 2025 con la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente EDAL, A.C., asociación a la que la Universidad delegó la gestión, administración y dispersión de recursos económicos recaudados por los servicios educativos.
La deuda que EDAL aceptó financiar ascendía a 42 millones 710 mil pesos de gasto corriente e incluía gratificaciones a asesores solidarios, aguinaldos a coordinadores y pagos a colaboradores de Rectoría y Torre 20. Para garantizar su pago, la UPAV comprometió las aportaciones que realizarían sus alumnos en el futuro.
El problema no es solo el monto, sino lo que no aparece en los papeles. Aunque la Universidad reconoció la existencia de la obligación financiera al firmar el convenio, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) encontró que no presentó evidencia de que los 42.7 millones de pesos estuvieran reconocidos contablemente en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025.
Para el organismo fiscalizador, esa omisión generó “falta de veracidad, distorsión y opacidad” en la presentación de la información financiera de la UPAV y vulneró disposiciones relacionadas con la protección de su patrimonio y el registro de sus operaciones.
El esquema tiene una segunda capa. El ORFIS revisó el Convenio de Colaboración del 2 de enero de 2025 y su adendum del 15 de enero de 2025 y detectó otra irregularidad: la UPAV no presentó evidencia documental de que las aportaciones, cuotas de recuperación o donaciones recaudadas por EDAL hubieran ingresado a las cuentas bancarias institucionales. Tampoco acreditó que esos ingresos hubieran sido registrados en su contabilidad.
El órgano fiscalizador estableció que el hecho de que el dinero de los alumnos fuera depositado físicamente en una cuenta bancaria de un tercero no modificaba su naturaleza de recurso propio de la UPAV. Al tratarse de ingresos derivados de los servicios educativos de un organismo público descentralizado, debieron incorporarse a la contabilidad de la Universidad.
La fiscalización también cuestionó que recursos relacionados con servicios personales fueran dispersados mediante la asociación civil. El ORFIS señaló que este mecanismo contravino el Programa de Consolidación de los Servicios Personales, que establece la centralización en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de las partidas destinadas a servicios personales, nóminas, honorarios, gratificaciones y compensaciones de los organismos públicos descentralizados, independientemente de la fuente de financiamiento.
El informe concluye que al permitir la dispersión externa de 42.7 millones de pesos a través de EDAL y omitir su registro en las cuentas institucionales, la UPAV eludió mecanismos de control, transparencia fiscal y consolidación de la nómina centralizada del Estado de Veracruz.
Durante la auditoría tampoco se exhibieron documentos que permitieran comprobar la materialidad, legalidad y destino de las operaciones realizadas mediante el convenio. Faltó el informe sobre la administración de los recursos recibidos por EDAL, con el que debía acreditarse su utilización en gastos de inversión, ayudas económicas, compensaciones y gratificaciones para apoyos técnico-administrativos, congresos, convenciones, capacitaciones, publicaciones, difusión, eventos y actividades educativas.
Tampoco hubo evidencia suficiente de que EDAL hubiera realizado en tiempo y forma las gratificaciones a asesores solidarios ni los pagos al personal técnico-administrativo, ni de que la asociación hubiera cumplido sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Universidad presentó documentación y argumentos después de recibir el pliego de observaciones; sin embargo, el ORFIS determinó que no fueron suficientes para solventar las inconsistencias. La auditoría financiera abarcó una muestra de 12.8 millones de pesos de ingresos y 12.9 millones de egresos; la Universidad registró en 2025 ingresos devengados por 21.3 millones de pesos y egresos por 20.9 millones.
El informe contiene dos observaciones de carácter financiero y dos recomendaciones. El ORFIS no clasificó las irregularidades como daño a la Hacienda Pública, pero estableció que implican incumplimientos legales o deficiencias administrativas por error, omisión o negligencia. El Órgano Interno de Control de la UPAV deberá continuar las investigaciones y promover las acciones que correspondan.
Y una advertencia que el propio informe deja por escrito: sus conclusiones no liberan a servidores, exservidores públicos o quienes resulten responsables de eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran determinar otras autoridades.
