Un perito criminalista de la Fiscalía General del Estado de Veracruz quedó en prisión preventiva justificada, señalado por su presunta responsabilidad en el ocultamiento irregular de indicios asegurados durante un cateo en las instalaciones de Servicios Periciales de Córdoba.
El dato pega donde más duele: quien debía cuidar la evidencia es acusado de esconderla. La Fiscalía informó que se trata de Luis Rodolfo “N”, quien fue imputado por los presuntos delitos de cohecho, incumplimiento de un deber legal y contra la preservación del lugar de los hechos.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre, durante un operativo de cateo en la Delegación de los Servicios Periciales de Córdoba, donde fueron localizados diversos indicios relacionados con investigaciones de competencia federal.
Entre los objetos que presuntamente se encontraban bajo resguardo irregular había un cargador de arma larga Bushmaster abastecido, uniformes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un chaleco antibalas, una bolsa negra con objetos personales y llaves, además de unos audífonos AirPods.
También fue localizado un folder con documentos personales y oficios de comisión.
Según la información ministerial, estos objetos debieron ser procesados y registrados conforme a los protocolos establecidos para la preservación y resguardo de indicios. En lugar de eso, habrían permanecido ocultos bajo resguardo irregular dentro de las propias instalaciones periciales.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Córdoba, formuló la imputación ante la autoridad judicial. En su comunicado, la institución detalló que como resultado de las labores de investigación y trabajo de campo se formuló imputación en contra de Luis Rodolfo “N”, quien se desempeñaba como perito criminalista, por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, incumplimiento de un deber legal y contra la preservación del lugar de los hechos.
El comunicado añade que los indicios asegurados estaban relacionados con hechos de competencia federal y que posteriormente fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
En seguimiento, durante la audiencia inicial, la instancia judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció el 30 de septiembre como fecha para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 546/2026.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de llevar ante la autoridad judicial a quienes presuntamente infrinjan la ley, sin distinción y con estricto apego a derecho, al debido proceso y a los derechos humanos, según cierra el comunicado oficial.
El caso exhibe una fractura grave al interior de la propia institución encargada de procurar justicia: los servicios periciales son el eslabón técnico de toda investigación criminal, y la acusación de que un perito ocultó evidencia vinculada a asuntos federales pone bajo la lupa los controles internos de la delegación Córdoba.
