Nuevos lineamientos de audiencias mantienen facultad sancionadora de la CRT, advierten especialistas

Los nuevos lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), mantienen facultades que permitirían a la autoridad intervenir y sancionar contenidos de los medios de comunicación, advirtieron especialistas.

Así lo señalaron María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y analista política; Martha Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19 para México y Centroamérica, y Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, las especialistas analizaron la versión definitiva de los lineamientos, publicada en el Diario Oficial de la Federación después de un proceso de consulta pública en el que participaron alrededor de ocho mil personas. Aunque reconocieron que hubo modificaciones respecto del proyecto original, señalaron que permanecen disposiciones que consideran problemáticas tanto por su contenido como por la forma en que la autoridad procesó las opiniones recibidas.

Mariana Calderón señaló que, si bien se corrigieron algunos elementos del proyecto, los lineamientos mantienen una estructura que, a su juicio, permite ampliar por vía reglamentaria las facultades sancionadoras de la CRT más allá de lo establecido en la ley. “Lo cierto es que los lineamientos siguen usando los derechos de las audiencias como título, como pretexto para construir una autoridad interventora de la comunicación”, afirmó.

La directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico explicó que los artículos 46, 47 y 52 mantienen mecanismos mediante los cuales se otorgan mayores atribuciones a la Comisión Reguladora, particularmente en materia sancionadora.

“Ahí es donde creo que está el foco rojo, porque otra vez estamos fortaleciendo a una autoridad del estado sin autonomía constitucional para poder estar interviniendo, sancionando, y determinando qué es lo correcto en la comunicación y qué no es lo correcto en la comunicación”, sostuvo.

Calderón reconoció que desapareció de la redacción final la facultad que tenía la CRT para confirmar, modificar o revocar directamente las determinaciones de la persona defensora de las audiencias. Sin embargo, explicó que la atribución sancionadora no desapareció, sino que fue modificada para establecer un procedimiento menos directo.

“Si bien hubo matices y ya la facultad no está tan amplia, sí hay mecanismos para que la autoridad intervenga. Ya no tan directamente, pero sí los hay”, indicó.

En ese sentido, señaló que la nueva redacción mantiene un esquema sancionador en materia administrativa que puede tener efectos sobre la comunicación política. Afirmó que la autoridad también conserva la posibilidad de establecer criterios mediante lineamientos que, a su juicio, pueden ampliar sus atribuciones e incidir en las resoluciones de las personas defensoras y en la comunicación de las concesionarias.

Martha Tudón cuestionó el procedimiento seguido por la CRT para elaborar la versión definitiva de los lineamientos. Desde Artículo 19, dijo, el problema no radica únicamente en el contenido aprobado, sino también en la falta de claridad sobre la manera en que fueron consideradas las aportaciones ciudadanas. “Lo que nos resulta igualmente problemático es el proceso mismo”, afirmó.

La especialista señaló que la consulta pública no constituía una concesión de la autoridad, sino una obligación de la Comisión Reguladora, y cuestionó que el informe publicado posteriormente no permita identificar de qué manera las propuestas ciudadanas se reflejaron en el texto definitivo.

“No existe un análisis, solamente existe un vaciamiento de la información que fue provista por la ciudadanía”, sostuvo.

Tudón consideró que la falta de trazabilidad resulta especialmente relevante porque las personas que participaron en la consulta dedicaron tiempo a revisar el proyecto, formular modificaciones y señalar disposiciones que consideraban preocupantes.

“Entonces, sí resulta una, digamos, una irresponsabilidad por parte de la autoridad de convocar a un proceso donde las personas participaron, donde las personas se tomaron el tiempo de leer los lineamientos, de proponer modificaciones, de decir exactamente lo que les parecía peligroso, lo que les parecía preocupante”, señaló.

De acuerdo con Tudón, el informe de la CRT no explica por qué determinadas propuestas fueron aceptadas o rechazadas. Además, cuestionó que las opiniones hayan sido presentadas sin un análisis que permita conocer las razones detrás de la redacción final.

“Es una obligación hacer un análisis exhaustivo de los comentarios que se hicieron, y no podemos ver, no existe trazabilidad de ese análisis, solo existe demasiado de copy-paste, básicamente, de las observaciones”, afirmó.

Añadió que los lineamientos también representan una carga administrativa para concesionarias de menor tamaño, particularmente radios comunitarias, indígenas y de uso social.

Explicó que las obligaciones adicionales relacionadas con la colocación de plecas y determinadas expresiones no toman en cuenta los distintos contextos locales, usos y costumbres ni las necesidades específicas de las comunidades a las que sirven estos medios.

“Entonces estos lineamientos lo que hacen es no darse cuenta, no atender la realidad, la necesidad de información que existe en todo el país, porque no se puede legislar únicamente con una mirada centrista de la Ciudad de México, sino también tienes que incorporar las diferentes realidades que se viven en el país”, planteó.

Tudón sostuvo además que Artículo 19 observa una línea de actuación en la que el Estado busca determinar qué información es verdadera, qué contenidos deben ser protegidos y cuáles no. Advirtió que esa orientación podría tener implicaciones para futuras iniciativas relacionadas con redes sociales e inteligencia artificial.

“No quedaron tan mal como pudieron haber quedado, pero no quedaron bien“, afirmó.

La especialista vinculó esta discusión con las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México y mencionó los recientes hechos de violencia contra periodistas y personas que realizan labores fotográficas para medios.

“Entonces, vivimos en un país donde por sí ya es muy difícil y es un acto de valentía realizar periodismo. Entonces, es muy peligroso la señal que claramente nos está enviando el gobierno en esta materia”, dijo.

María Amparo Casar coincidió con las críticas al proceso de consulta y sostuvo que la autoridad dio a conocer los lineamientos antes de publicar su análisis de las opiniones recibidas.

“Ellos mismos violaron su proceso, porque en realidad los lineamientos se dieron a conocer antes de que la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones supiera lo que opinaban, los comentarios de todas esas ocho mil personas que se dieron a la tarea de comentar, dar sus opiniones y dar sus alternativas sobre los lineamientos”, afirmó.

Casar señaló que el documento de respuesta de la autoridad dedica apenas unos párrafos a referirse de manera general a las aportaciones recibidas, sin explicar por qué fueron descartadas determinadas observaciones.

“Le dedican dos párrafos, casi te diría uno y medio párrafos, a comentar genéricamente que recibieron la consulta, pero no contraargumentan, no dicen por qué están mal los comentarios”, sostuvo.

Respecto de los cambios introducidos en la versión definitiva, explicó que la facultad de intervención de la CRT no desapareció, sino que fue colocada al final de una cadena de actuaciones que comienza con una queja de la audiencia y pasa por la persona defensora antes de llegar nuevamente a la autoridad reguladora.

“En realidad no se quita […] Lo que se hace es como una cadenita, un proceso en donde en efecto la ganancia es que no entra de inmediato la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a sancionar”, explicó.

De acuerdo con Casar, el procedimiento establece varias etapas antes de que la CRT pueda ejercer nuevamente su facultad sancionadora. A su juicio, el resultado mantiene el problema que había sido señalado durante la consulta pública. “El tutelaje, la facultad sancionatoria queda al final pues intacta”, afirmó.

También destacó que se mantuvo la posibilidad de que una multa llegue hasta 1% de las ganancias de la estación o concesionaria correspondiente. “Esa facultad sancionadora que tiene al final el Estado mantiene eso que nos parecía a todos absurdo de que la multa después del exhorto podía llegar hasta el 1% de las ganancias de la estación o de la concesionaria en cuestión”, dijo.

Añadió que otro de los cambios introducidos consiste en que ya no solamente se habla de retirar contenidos relacionados con la veracidad, sino que la redacción final establece que los medios “deberán cuidar la veracidad y la pluralidad”.

Casar también hizo referencia a la participación ciudadana en la consulta y señaló que, de acuerdo con la revisión realizada por MCCI, 80% de quienes participaron se pronunció contra lo que describió como “el tutelaje del Estado”, mientras que dentro de ese grupo 66% habría planteado que debía detenerse.

Ante la pregunta sobre las acciones que podrían emprenderse después de la publicación de los lineamientos, Mariana Calderón planteó la posibilidad de impugnarlos y llamó a las audiencias a reclamar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos.

Insistió en que, desde su perspectiva, el objetivo de los lineamientos no fue únicamente ampliar los derechos de las audiencias, sino establecer un régimen sancionatorio mediante una facultad interpretativa.  La especialista consideró que el contexto de presión hacia periodistas y personas que difunden información vuelve relevante el debate sobre las atribuciones que puede ejercer la autoridad en materia de comunicación.

“Tenemos que seguir reclamando y demandando que se construya un modelo adecuado que no puede ser sancionatorio, que tiene que ser de construcción y que no puede esconder, detrás de un fin legítimo, la existencia de una autoridad que va a intervenir en la comunicación política y que va a sancionar la difusión de comunicación que no está de acuerdo con los intereses del gobierno”, afirmó.

Por su parte, María Amparo Casar sostuvo que los lineamientos forman parte, desde su perspectiva, de dos procesos: un intento de censura mediante disposiciones administrativas y una concentración de poder en la Presidencia.

“Creo que esta medida es parte de la deriva autoritaria que seguimos viviendo y que persisten en estos lineamientos cuestiones como el etiquetado entre información y opinión”, concluyó.