En la Montaña de Guerrero, un grupo criminal ha logrado vaciar por completo el pueblo de Tula, dejando atrás solo edificios vacíos y un camino abandonado. La historia de Tula es un ejemplo extremo de la violencia y la inseguridad que han provocado miles de desplazamientos en México en los últimos años.
La violencia en Tula comenzó a escalar en 2019, cuando dos hijos del comisario de la policía comunitaria, Marcos Hilario Rosario, fueron asesinados. En 2022, otro de sus hijos sufrió el mismo destino. A pesar de las amenazas, Rosario resistió durante una década, pero finalmente se vio obligado a huir en mayo de 2026, después de que hombres armados atacaran el pueblo con fusiles de asalto y explosivos lanzados desde drones. Hoy en día, casi todos los habitantes de Tula viven en un pueblo vecino, después de haber sido desplazados por la violencia.
El caso de Tula no es aislado. Según organizaciones especializadas, en 2025 hubo cerca de 16 mil desplazados internos en once estados del país, la mayoría debido a la violencia de grupos criminales. Sinaloa, Chihuahua y Michoacán son algunos de los estados más afectados, mientras que Guerrero y Chiapas también forman parte de un mapa que ya no distingue entre norte y sur. Sin embargo, estas cifras son mínimas, ya que México no cuenta con un registro nacional que documente cada caso de desplazamiento interno.
La situación en Tula y en otros lugares del país plantea una pregunta fundamental: ¿puede un ciudadano mexicano vivir donde quiere sin pedir permiso a un criminal? En algunas regiones, los grupos criminales han extendido su influencia más allá del tráfico de drogas, y ahora controlan caminos, cobran cuotas, deciden qué se siembra y qué se cosecha, y hasta reclutan jóvenes. En los casos extremos, deciden qué comunidades siguen existiendo. Si un grupo criminal puede decidir quién permanece en un territorio, ¿quién ejerce ahí la autoridad real? La presencia del Estado no es lo mismo que su control, y en lugares como Tula, la ausencia de control es evidente.
