La situación en Michoacán ha demostrado que la ausencia del Estado se mide en cadáveres y pérdidas económicas. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal ha sido desigual. En solo 72 horas, después de que Washington suspendiera las inspecciones fitosanitarias a los aguacates mexicanos, el gobierno desplegó 1,557 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en nueve municipios de la región. Esto contrasta con la falta de acción en casos de violencia contra alcaldes, soldados y comunidades enteras.
La velocidad de reacción del gobierno federal en este caso ha generado preguntas sobre la priorización de la seguridad nacional. La industria aguacatera es un importante motor económico para México, con más de un millón de toneladas de aguacate exportadas anualmente a Estados Unidos. La suspensión de las inspecciones fitosanitarias por parte de Washington puso en peligro esta industria, lo que llevó a una respuesta rápida del gobierno mexicano. Sin embargo, esta respuesta no se ha visto en otros casos de violencia y inseguridad en la región.
La geometría de la respuesta del gobierno federal revela una arquitectura de intereses cruzados. La industria aguacatera californiana no quiere competencia desabastecida, la Casa Blanca no quiere un frente comercial abierto en plena ofensiva antinarco hemisférica, y el gobierno mexicano necesita mostrar una victoria rápida que oculte la parálisis frente a la gobernanza criminal. Pero, ¿qué hay de los intereses de los jornaleros que cortan aguacate bajo la mirada de organizaciones criminales? ¿Por qué la respuesta del Estado mexicano sigue siendo reactiva y geográficamente limitada a los polígonos aguacateros? La designación oficial de organizaciones como el CJNG, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y Los Viagras como terroristas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos debería llevar a una política más efectiva para abordar la amenaza que plantean.
