La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que las investigaciones por la presunta red de despojos conocida como Cártel Inmobiliario involucran a jueces, abogados, notarios, funcionarios municipales y estatales, así como a servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y de Catastro. Las carpetas de investigación son atendidas por distintas áreas de acuerdo con el perfil de las personas señaladas. Los casos relacionados con servidores públicos corresponden a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mientras que las denuncias contra abogados particulares permanecen en las fiscalías regionales. La fiscal general explicó que las investigaciones continuarán después de la vinculación a proceso de Salvador Matías “N”, abogado que también se presenta como arquitecto y a quien la FGE relaciona con esta presunta red. La fiscal aclaró que Salvador Matías “N” no es notario y señaló que su proceso representa uno de los primeros casos relacionados con esta organización que llega ante un juez. Aunque no precisó cuántas investigaciones permanecen abiertas, explicó que los expedientes se encuentran distribuidos entre diferentes áreas de la institución. La fiscal general aseguró que las denuncias por despojo reciben atención prioritaria debido a que involucran el patrimonio de las víctimas. Añadió que las personas denunciantes tienen derecho a conocer el estado procesal de sus expedientes. Sobre los notarios presuntamente involucrados, recordó que en la región Orizaba-Córdoba ya fue cumplimentada una orden de aprehensión contra uno de ellos. Durante la conferencia, la fiscal también fue cuestionada sobre el abogado Roly Domínguez Romero, señalado por denunciantes como presunto dirigente de la red de despojos en Xalapa. Jiménez Aguirre rechazó tener alguna relación con él o brindarle protección, y aseguró que las carpetas de investigación en las que es mencionado continúan en integración. La fiscal señaló que no puede confirmar que Domínguez Romero encabece la organización, pero aseguró que ninguna relación personal impediría ejercer acción penal cuando existan elementos suficientes.
