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Exfuncionarios que aumentaron sus patrimonios 7.2 y 6.5 millones fueron vinculados a proceso

Dos exfuncionarios federales fueron vinculados a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de que investigaciones patrimoniales detectaran incrementos injustificados en sus bienes por más de 7.2 y 6.5 millones de pesos, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con la dependencia, uno de los casos corresponde a Ramón “N”, quien se desempeñó como subdirector en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en Baja California. La investigación administrativa sobre la evolución de su patrimonio concluyó que registró un incremento injustificable de 7 millones 268 mil 750 pesos entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017.

Tras presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincularlo a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.

El segundo caso involucra a Armando “N”, exjefe de departamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Secretaría informó que una revisión patrimonial detectó un incremento no justificado de 6 millones 500 mil 496 pesos entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017.

Luego de la denuncia presentada por la dependencia, un juez de Control con sede en la Ciudad de México determinó vincularlo a proceso e imponerle como medida cautelar la presentación periódica ante la autoridad correspondiente.

La Secretaría señaló que “las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable”, por lo que los procesos continuarán con apego al debido proceso y a la presentación de las pruebas que correspondan.

Sanción a funcionarios del TFJA

Como parte de las acciones de combate a la corrupción, la dependencia también informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a dos exservidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) por faltas administrativas graves.

Carlos R., quien fungía como gerente de Consultoría de Negocio, recibió una inhabilitación por 20 años y una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos. En tanto, Hilda M., exdirectora adjunta de Administración, fue inhabilitada por 10 años y sancionada con el mismo monto económico.

La Secretaría precisó que ambos fueron responsables de abuso de funciones y de realizar actos relacionados con la asignación de recursos financieros. Asimismo, recordó que las personas sancionadas pueden impugnar la resolución.

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