Un grupo de personas que asegura haber sido defraudado en la compra de terrenos en distintos desarrollos inmobiliarios de Querétaro denunció la existencia de un presunto esquema de fraude vinculado a proyectos relacionados con Los Cues Inmobiliaria S.A. de C.V., con afectaciones económicas que podrían superar los 15 mil millones de pesos y una red de más de 200 mil personas afectadas.
La vocera del movimiento, Claudia Manilla, explicó que la organización comenzó a formarse en abril de 2025, cuando un primer grupo de afectados decidió reunirse tras detectar irregularidades en la venta de terrenos en preventa.
Con el tiempo, relató, otras personas que compraron terrenos en fraccionamientos comenzaron a integrarse al identificar situaciones similares en distintos municipios del estado.
“Nos estamos organizando como un grupo de personas defraudadas y un grupo que empezó primeramente con un fraccionamiento”, señaló y dijo que llevan a cabo reuniones, ruedas de prensa semanal y el contacto entre vecinos afectados.
De acuerdo Manilla, actualmente participan compradores de al menos cuatro desarrollos principales como El Roble, Tierra Noble de Huimilpan, El Encino y Quercus, todos ellos relacionados con operaciones de preventa de terrenos que, aseguran, no contaban con permisos completos de urbanización, lotificación o comercialización.
En varios de estos casos, apuntó, los compradores firmaron contratos y realizaron pagos mensuales durante años sin que existieran avances visibles en los proyectos.
Manilla detalló que el patrón se repite en todos los casos con la venta anticipada de lotes, promesas de alta plusvalía y posterior ausencia de permisos o desarrollo real de la infraestructura prometida.
Uno de los casos que los afectados consideran más representativos es el del fraccionamiento El Roble, donde, dijo, se realizaron eventos públicos de promoción en los que participaron autoridades estatales y municipales, entre ellas el entonces secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio del Prete.
En dichos actos, relatan, se invitaba a la ciudadanía a invertir en un proyecto que se presentaba como una zona de alto crecimiento.
“Hubo un evento que se llama la colocación de la primera piedra, donde autoridades del gobierno estatal estuvieron ahí e invitaban a las personas a acercarse a comprar un terreno”, dijo y mencionó que estos actos generaron confianza entre los compradores.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los afectados comenzaron a revisar el estatus legal de sus terrenos y descubrieron, según su versión, que no existían permisos para la venta ni para el desarrollo formal de los fraccionamientos.
Nunca hubo ni siquiera permisos para la venta provisional de lotes.
A partir de esta situación, los compradores comenzaron a organizarse y a presentar denuncias individuales ante la Fiscalía General del Estado, al tiempo que documentaban casos similares en otros desarrollos inmobiliarios.
Este proceso permitió, afirmó Manilla, identificar un patrón repetido en distintos municipios de Querétaro, lo que llevó a la expansión del movimiento.
La vocera estimó que cada desarrollo involucraba entre 800 y mil lotes, por lo que el universo de afectados podría alcanzar decenas de miles de personas.
En conjunto, calculó que el impacto económico de estos proyectos podría ascender a aproximadamente 15 mil millones de pesos, considerando los pagos realizados por compradores en distintos fraccionamientos.
“Todos nosotros fuimos personas defraudadas en la compra de terrenos de preventa” y en muchos casos los compradores continuaron pagando durante la pandemia de COVID-19 bajo el argumento de que los trámites se encontraban detenidos, lo que retrasaba los avances de los proyectos, aseguró la entrevistada.
La afectada mencionó que esa excusa fue utilizada por los desarrolladores para justificar la falta de avances durante casi dos años, periodo en el que los afectados mantuvieron la expectativa de que los proyectos continuarían una vez normalizadas las actividades.
Sin embargo, dijo, al concluir la emergencia sanitaria no se registraron progresos en la urbanización ni en la entrega de los terrenos.
“Nos dimos cuenta que ni siquiera tenían permisos para venta”, expuso y dijo que los compradores comenzaron a solicitar información directamente a autoridades para verificar la situación legal de los proyectos.
En cuanto al seguimiento legal, los afectados aseguraron que han presentado múltiples denuncias ante la Fiscalía General del Estado, algunas de ellas con más de tres años de antigüedad, sin que hasta ahora se hayan registrado avances sustanciales en las investigaciones.
Manilla consideró que esto refleja una falta de respuesta institucional que ha prolongado el conflicto por al menos 9 años.
En cuanto al avance de las investigaciones, la afectada mencionó que las carpetas han tenido poco progreso y acusaron lo que consideran un freno institucional a cargo del fiscal general del estado, Víctor Antonio Jesús Hernández.
También refirió el trabajo de una fiscal identificada como Lorena Vargas Moreno, a quien atribuye el manejo de algunos de los casos, sin que se hayan registrado resultados sustanciales.
Asimismo, señaló que una de las personas señaladas como presunta defraudadora, identificada como José Martín Sandoval Soto, fue vinculado a proceso en libertad, bajo medidas cautelares, entre ellas la obligación de firma periódica cada 15 días.
Explicó además que la investigación complementaria, establecida inicialmente por un plazo de cuatro meses, habría vencido a principios de abril sin que hasta el momento se haya emitido una resolución definitiva y se desconoce su situación legal actualizada.
Finalmente, la vocera de los afectados hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para acelerar las investigaciones, dar continuidad a las carpetas abiertas y evitar que los casos queden estancados, al advertir que el número de personas involucradas continúa creciendo y que el conflicto podría escalar si no se atiende de fondo.
