Yeraldine Bonilla deslinda a Rocha Moya del nombramiento de Gerardo Mérida; atribuye decisión a Sedena
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que el nombramiento en 2023 del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal no fue una decisión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado”, declaró Bonilla el sábado, luego de que el pasado viernes se dio a conocer que la detención del exsecretario por las autoridades estadounidenses, quienes lo acusan de narcotráfico.
Mérida Sánchez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el exfuncionario ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo y fue detenido por el Servicio de Alguaciles estadounidenses en el cruce fronterizo de Nogales el pasado lunes 11 de mayo.
Versiones periodísticas señalan que se entregó para buscar ser testigo cooperante de la justicia estadounidense, tras la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur a finales de abril, que incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Según el documento judicial, el exsecretario de Seguridad es acusado de asociación delictuosa para la importación de narcóticos -incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina-, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos relacionados con delitos de tráfico de drogas.
La acusación sostiene que Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos por parte de la facción de “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de favorecer sus operaciones.
Entre las conductas atribuidas al exfuncionario se encuentran presuntamente ordenar a policías estatales no detener a integrantes de dicha organización criminal, perseguir a grupos rivales, filtrar información sobre investigaciones federales y alertar anticipadamente sobre operativos militares y cateos contra laboratorios y casas de seguridad.
El expediente señala además que, tan solo en 2023, habría advertido sobre al menos 10 redadas, lo que permitió al grupo criminal retirar personal, drogas y equipo antes de los operativos.
En caso de ser declarado culpable, Mérida Sánchez podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua, además del decomiso de bienes presuntamente vinculados con las actividades ilícitas investigadas.
Cuestionada sobre el impacto político y administrativo de las investigaciones contra exfuncionarios sinaloenses en Estados Unidos, Bonilla afirmó que la situación no afecta al estado ni al funcionamiento del gobierno.
“Decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada representa algún daño al estado, nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en el estado y en los municipios”, sostuvo.
Sobre las investigaciones contra Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, la mandataria interina dijo no contar con información adicional. “No tengo información, sé lo mismo que ustedes, lo que se ha comunicado en redes sociales”, dijo a medios.
El viernes pasado también se dio a conocer la presunta entrega de Díaz Vega, quien está bajo custodia de las autoridades estadounidenses, y es otro de los exfuncionarios acusados por la justicia estadounidense.
La acusación lo señala de haber actuado como enlace directo entre los líderes de “Los Chapitos” y el entonces gobernador Rocha Moya. También habría facilitado que la facción pudiera designar a funcionarios corruptos en la estructura gubernamental local, para proteger las actividades del grupo.
Los fiscales estadounidenses destacan su presunta participación en los actos violentos que aseguraron la elección de Rocha Moya en junio de 2021. Antes de las elecciones, se habría reunido con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán y otros miembros de la facción.
En una de esas reuniones, supuestamente entregó físicamente a los líderes de “Los Chapitos” una lista con los nombres y las direcciones exactas de los adversarios políticos de Rocha Moya, misma que habrían utilizado para secuestrarlos y obligarlos mediante amenazas a retirarse de la contienda.
