El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió una directiva interna para que los fiscales federales utilicen leyes de terrorismo al procesar a funcionarios mexicanos implicados en el tráfico de narcóticos, según una investigación publicada por The New York Times (NYT) que se basa en declaraciones de un alto funcionario estadounidense.
Según el diario, la nueva instrucción fue comunicada formalmente el pasado miércoles por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado, durante una conferencia interna con fiscales de diversas oficinas regionales.
Singh, cuya labor incluye la determinación de prioridades para los 93 fiscales federales de la nación, instó a sus colegas a incrementar las investigaciones contra servidores públicos extranjeros. De acuerdo con el funcionario consultado por NYT, Singh afirmó que se debería triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus posiciones para habilitar a terroristas y traficantes.
El fundamento legal de esta estrategia se remonta al año pasado, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que designa a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Esta designación permite ahora que los fiscales busquen cargos por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de los delitos tradicionales relacionados con el narcotráfico.
La noticia se publicó este lunes, semanas después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación formal por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios y exfuncionarios.
También viene cuatro días después de la detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de seguridad de Sinaloa durante la gestión de Rocha Moya,
Foto: Cuartoscuro
Mérida, general retirado del Ejército, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador con licencia habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al Cártel de Sinaloa, especificamente la facción de “Los Chapitos”, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.
Junto con Moya y Mérida, están acusados varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, que también ha solicitado licencia, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a EE.UU. la semana pasada.
Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense no cuenta con pruebas contundentes.
(Con información de EFE, The New York Times y Aristegui Noticias)
