Audomaro Martínez habría dado protección e información de inteligencia a Penilla, afirma María Idalia Gómez

La periodista de investigación María Idalia Gómez afirmó que las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra personas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN) no sólo tienen efectos financieros, sino que representan un mensaje al gobierno mexicano y la exposición pública de una red de relaciones que, sostuvo, se encuentra bajo investigación en territorio estadounidense.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, se refirió al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, a quien describió como un operador con conexiones en distintos niveles políticos y empresariales.

Consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum fue “engañada” al aparecer fotografiada con él, al tiempo que planteó que la mandataria debe revisar la actuación de integrantes de su gobierno. “Creo que la presidenta ya tiene que tomar medidas muy severas sobre lo que está haciendo su gabinete […] ¿Por qué? Porque estas son las formas de presionar de los Estados Unidos”, dijo.

De acuerdo con la periodista, la decisión de Washington de exhibir a Penilla forma parte de una estrategia de presión en la que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa la información que posee sobre personajes como éste que, dijo, han sido acercados al poder político y han logrado escalar dentro de determinadas estructuras de influencia.

Gómez vinculó al abogado con el empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como “el rey del huachicol”, asesinado en Nuevo León en 2021. Sostuvo que, con base en documentos estadounidenses que revisó, Penilla representa actualmente a la viuda de Carmona, una persona que, señaló, ha sido cuestionada por sus presuntos vínculos con el gobierno de Tamaulipas y por su supuesta influencia en decisiones administrativas derivadas de aportaciones económicas a campañas políticas.

Afirmó que la relación con Carmona también conecta al abogado con actores del ámbito federal y político nacional. Mencionó entre ellos al actual secretario de Educación, Mario Delgado, así como al exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien ejerció el cargo durante la etapa de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que las indagatorias también alcanzan a personas cercanas al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, incluidos sus hijos.

Gómez explicó que Penilla podría argumentar que únicamente ejerció la defensa legal de personas como Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘El Z-40’, en apego al derecho de defensa. Sin embargo, señaló que el problema para las autoridades estadounidenses sería otro: la presunta participación del abogado en operaciones distintas al ejercicio profesional.

Aseguró que, de acuerdo con la información que consultó, las autoridades de EE.UU. obtuvieron comunicaciones del litigante mediante dispositivos telefónicos de origen estadounidense.

“Pensando quizá que no iba a ser intervenido por autoridades mexicanas, o que no iba a ser detectado, se compró celulares norteamericanos el abogado Penilla. Lo escucharon todo. Y entonces tienen todas sus grabaciones de las operaciones criminales que realizaba”, dijo.

Añadió que existirían grabaciones y transcripciones sobre presuntas operaciones criminales y sobre vínculos políticos con personas de Morena, del PT y también del PRI.

Explicó que la información difundida por OFAC suele integrarse con datos de diversas agencias, entre ellas la CIA, el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, además de los cruces de inteligencia financiera del propio Departamento del Tesoro. A partir de ese cruce de datos, dijo, se identifican objetivos que son incorporados a listas de sanciones.

Indicó que, en este caso, la autoridad estadounidense vincula al abogado con un “grupo narcoterrorista” como es el Cártel del Noreste, según la declaratoria del gobierno de Donald Trump, lo que, explicó, “eleva significativamente la capacidad de observación y de vinculación que pueden hacer de Penilla” en las investigaciones.

“El tema de que sea marcado como un narcoterrorista disminuye tus derechos automáticamente y aumenta la capacidad para investigar y para sancionar”, afirmó.

La periodista también señaló que otro “error” de Penilla serían los presuntos regalos de alto valor que habría entregado. Dijo que, según los documentos revisados, el abogado acostumbraba obsequiar antigüedades costosas y que las autoridades tendrían identificadas a las personas que recibieron esos objetos.

“Y eso, como ya lo detectó el Departamento del Tesoro, ya pone como un blanco específico [a] todas esas personas que recibieron alguno de esos regalos”, por lo que si se acredita que fueron adquiridos con recursos ilícitos de grupos “narcoterroristas”, los receptores también podrían enfrentar revisiones o sanciones.

La periodista sostuvo que el caso ya rebasó el ámbito administrativo de las sanciones financieras y se encuentra en una fase penal más amplia. Indicó que actualmente existe una investigación en curso encabezada por el FBI y trabajada de manera conjunta con el Departamento de Justicia, dentro del mismo entramado relacionado con Sergio Carmona.

También señaló presunto vínculos de Penilla con el general en retiro Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Según Gómez, tanto él como sus hijos aparecen vinculados con el abogado en documentos estadounidenses.

Señaló que la relación estaría asociada a negocios y operaciones ligadas al huachicoleo en Tamaulipas, así como a supuesta protección e intercambio de información de inteligencia para favorecer al abogado.

“A los hijos de Audomaro y directamente a Audomaro lo vincula como alguien que le ofreció y otorgó protección e información de inteligencia para beneficiarlo como abogado, como aparente abogado legal, como se ha vendido todo este tiempo el abogado”, señaló.

Agregó: “Lo que nos está diciendo el Departamento del Tesoro es que lo tiene en la mira, que lo está investigando y que pronto probablemente vengan las acusaciones. Todo esto lo convierte en presunto responsable en este momento porque está siendo investigado”.

Uno de los episodios que habrían encendido las alertas en EE.UU. estaría relacionado con la empresa vitivinícola Casa Madero.

Según explicó, la compañía enfrentó problemas por falta de agua y comenzó a recibir presuntas extorsiones de grupos criminales, por lo que Penilla se habría ofrecido a intervenir para resolver la situación.

Dijo que la compañía expuso el caso ante las autoridades estadounidenses, como un riesgo para el desarrollo de una empresa con operaciones transnacionales, lo que detonó interés oficial y abrió una línea de investigación, sin necesidad de una denuncia formal ante una fiscalía.

A partir de entonces, indicó, se acumuló la información que hoy sustenta las acciones del Departamento del Tesoro. “Hay que recordar que Estados Unidos, lo he dicho otras veces, avanza muy lento, hace sus investigaciones profundamente, las usa y las exhibe cuando le conviene a sus intereses, o puede no sacarlas cuando no le conviene a sus intereses. En este momento es claro y evidente que sí le conviene, que ya empezó a mostrar lo que está presentando”, puntualizó.

Para la periodista, lo que hoy se conoce públicamente es apenas una parte de un expediente más amplio. Señaló que están “asomando las primeras acusaciones directas contra un gobierno del Estado, en este caso de Tamaulipas”, los presuntos vínculos con las estructuras de inteligencia del sexenio anterior; y con actores políticos de entidades como Nuevo León, Zacatecas, Coahuila y Veracruz, además de con círculos del gobierno de la Ciudad de México.

Sostuvo que desde la óptica de Estados Unidos existe un “ecosistema criminal” compuesto por operadores políticos, funcionarios y particulares conectados entre sí, y que actualmente permanece bajo investigación de las autoridades estadounidenses.