WASHINGTON D.C. – El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la imposición de sanciones contra seis ciudadanos mexicanos y dos establecimientos de juego. La medida responde a una investigación que identifica una presunta red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).
Los puntos clave de la sanción
De acuerdo con el comunicado oficial, el CDN mantiene una presencia dominante en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, vinculando sus actividades al tráfico de fentanilo, extorsión y tráfico de personas:
- Establecimientos señalados: La OFAC designó al Casino Centenario (Nuevo Laredo) y al Diamante Casino (Tampico) como piezas fundamentales en la estructura financiera del cártel.
- Operativa delictiva: Se acusa que estos centros de apuestas son utilizados para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero legítimo, disfrazándolas como operaciones de juego ordinarias.
- Uso logístico: El reporte destaca que el Casino Centenario, operado por la entidad CAMSA, era presuntamente utilizado como depósito de sustancias ilícitas, específicamente fentanilo y cocaína.
Revelaciones sobre seguridad e intimidación
Más allá de las transacciones financieras, el Departamento del Tesoro reveló detalles alarmantes sobre el uso de las instalaciones físicas de estos casinos:
- Zona de conflicto: Las autoridades estadounidenses señalan que las trastiendas del Casino Centenario eran empleadas para realizar actos de tortura e intimidación contra supuestos rivales de la organización.
- Impacto de la sanción: Con esta medida, todas las propiedades e intereses de las personas y entidades señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
- Restricción comercial: Se prohíbe a cualquier institución o persona bajo jurisdicción de los EE. UU. realizar transacciones con los sancionados, buscando asfixiar los recursos económicos del grupo delictivo.
Esta acción subraya la creciente presión internacional para desmantelar las plataformas comerciales que sirven de fachada a la delincuencia organizada, buscando no solo detener el flujo de narcóticos, sino también neutralizar los mecanismos de lavado de dinero que sostienen su operatividad.
