Lenia acusó a la derecha por el “ánimo golpista” para evitar que presida la Suprema Corte

La ministra Lenia Batres confirmó que asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2027, tras la conclusión del mandato de Hugo Aguilar Ortiz, vigente hasta el 1 de septiembre del próximo año. En un mensaje difundido en redes sociales, Batres Guadarrama subrayó que su labor se centra en cumplir y hacer cumplir la Constitución, y rechazó que su nombramiento represente un riesgo para la inversión privada.

Batres explicó que la Corte es un órgano colegiado y que su actuación busca garantizar protección y estímulo a la inversión económica, respaldada por normas que ofrecen certeza jurídica a los empresarios. Además, cuestionó a los medios críticos, a quienes acusó de promover un “ánimo golpista” en los señalamientos que buscan frenar su presidencia.

“Periodistas de la derecha, en nado sincronizado, afirman que constituyo un peligro para la inversión privada y, en ánimo golpista, llaman a evitar que presida la Corte”, señaló la autoproclamada “ministra del Pueblo” en sus redes sociales.

Respecto al proceso de sucesión, la jueza recordó que la Constitución establece un procedimiento rotatorio según el número de votos obtenidos en la elección judicial.

En la última votación, Batres alcanzó 5 millones 674 mil 113 sufragios, superando a otros candidatos y asegurando su titularidad de la Corte hasta 2029. Actualmente, Aguilar Ortiz preside el tribunal con 6 millones 5 mil 181 votos, cifra más alta en la elección de 2025.

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En otro fallo relevante, la Corte ratificó el pasado 12 de marzo los artículos de la Ley Federal de Competencia Económica que sancionan prácticas monopólicas en la industria de las tortillas de maíz. La decisión, derivada del Amparo en Revisión 537/2025, confirmó la validez de las investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que había detectado fijación concertada de precios y restricción de ventas en una empresa de Huixtla, Chiapas.

Entre las medidas aplicadas, la Corte avaló la inhabilitación de un representante empresarial y la imposición de sanciones económicas a la compañía implicada, fortaleciendo así el marco legal para prevenir manipulación de precios y garantizar competencia en el sector alimentario.